Desde el 2006, el microcrédito es una política de Estado que brinda una oportunidad para que miles de personas que desarrollan emprendimientos productivos puedan organizarse, capacitarse y mejorar sus condiciones de trabajo. A través de la entrega de 250.000 microcréditos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación logró fortalecer la organización social, fomentar el trabajo y la producción solidaria, favorecer la creación de valor en origen y generar condiciones para el desarrollo de encadenamientos productivos que permitan avanzar en políticas activas para la distribución de la riqueza.
Comprendidos dentro del programa nacional de Microcrédito para la Economía Social, se otorgan en forma escalonada, gradual y creciente, en un marco de acompañamiento técnico y vinculación organizativa. Quienes reciben un microcrédito, conforman un entramado sustancial de valores, solidaridades y compromisos que considera a cada persona en su dimensión más integral, reforzando su identidad comunitaria.
Desde su origen en 2006, el acceso al microcrédito se ha convertido en un poderoso instrumento de democratización y distribución del ingreso:
• A través del programa se han generado 247.000 nuevos puestos de trabajo
• 165.000 emprendimientos productivos lo han recibido
• 5.820 son los promotores de microcrédito que brindan acompañamiento y asistencia técnica
• 1.647 fueron las organizaciones de microcrédito que se han constituido
• El índice de recupero de estos microcréditos es del 92%
• La tasa de interés es sólo del 6 % anual
• El programa lleva 525 millones de pesos invertidos
Partiendo de la idea de que los trabajadores y trabajadoras de la Economía Social tienen necesidades y características muy diversas, se promueven diferentes modalidades de acceso al microcrédito. Así las organizaciones sociales acompañan grupos solidarios, grupos asociativos, bancos comunales, microcrédito rural, microcrédito para personas en situación de encierro, microcréditos individuales y para la mejora del hábitat.
El acceso al microcrédito se complementa con capacitaciones, acompañamiento, asistencia técnica y el desarrollo de espacios para fortalecer el asociativismo, mejorar los canales de comercialización y facilitar el acceso a las demás herramientas para el desarrollo de Economía Social.
En este esquema, los promotores son un eslabón estratégico. Ellos tienen el importante rol de identificar y acompañar a los trabajadores y trabajadores en sus comunidades considerando variables personales, sociales y económico-productivas. También son los que realizan el seguimiento de los créditos otorgados.
Asimismo, esta modalidad de trabajo comprende instancias de construcción colectiva y organización donde se valora la palabra, la actitud solidaria, el compromiso comunitario, se crean otras riquezas y otros valores. En definitiva, mayores oportunidades de trabajo y mejoras en la calidad de vida de los sectores populares.
Una política pública con características únicas en la región
A partir del programa de microcrédito se consolida una nueva relación Estado- Sociedad basada en la complementariedad, los procesos de construcción colectiva y una mirada integral de los territorios. La modalidad de gestión asociada garantiza una rápida expansión del microcrédito en el territorio y condiciones de acceso adecuadas para los sectores populares. Paralelamente, amplía las bases de participación y fortalecimiento de las organizaciones sociales dando lugar a un verdadero proceso revolucionario en Argentina y en América Latina.
Muchas organizaciones, además de involucrarse activamente en la implementación del programa, participan en los ámbitos de toma de decisión de los Consorcios de Gestión Local. Estos son espacios provinciales o municipales, integrados por representantes del sector público y privado, en los cuales se discute la política crediticia local y se administran los fondos públicos de microcrédito.
Otras organizaciones sociales se nuclean en Redes de Gestión Asociada. Estas redes actúan en una o más provincias con una identidad y estrategias de trabajo propias. Se diferencian entre sí, por el perfil de los trabajadores, la rama de actividad en las que se concentran o la localización de sus programas. Entre las redes se distingue el Banco Popular de la Buena Fe que conforma un entramado asociativo entre organizaciones de base comunitaria de 19 provincias del país devenidas en organizaciones locales, a partir de una metodología basada en la Educación Popular y la Economía Social.
Asimismo, a partir de la Ley 26.117 de promoción del microcrédito, nuevas institucionalidades han sido originadas, las cuales facilitaron el desarrollo de esta política pública bajo condiciones claras y estratégicas para la generación de trabajo con inclusión social. Entre estas, se encuentra la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) que, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, es el organismo encargado de implementar el Programa Nacional de Microcrédito. Por otra parte, en los gobiernos provinciales y en muchos municipales se han creado áreas específicas de Economía social que destacan la herramienta de Microcrédito.
De este modo, el Gobierno nacional asumió el compromiso de llevar adelante un modelo decrecimiento con inclusión social, haciendo del trabajo la mejor política social. Los microcréditos constituyen una de las poderosas herramientas que el Ministerio de Desarrollo Social gestiona desde y con el territorio para que miles de personas se inserten en el mercado laboral a partir de sus propios saberes y oficios.
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